Redacción Frontera Ink.
DENVER, Colorado — La acumulación de casos de inmigración en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se ha triplicado en la última década, alcanzando los 11.6 millones de expedientes pendientes para 2025. Este incremento ha sumido a millones de solicitantes de tarjetas de residencia, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores inmigrantes en una incertidumbre, con tiempos de procesamiento impredecibles que, según abogados y académicos, comprometen su estatus legal.
El American Immigration Council publicó recientemente un panel de datos interactivo que detalla esta situación crítica, revelando que la capacidad de procesamiento de USCIS no ha logrado seguir el ritmo del creciente número de solicitudes. Según los análisis, al ritmo actual de procesamiento, tomaría aproximadamente 13.8 meses liquidar la acumulación existente, sin considerar la presentación de nuevos casos.
Ian Rochstein, un abogado de inmigración con más de una década de experiencia en Denver, Colorado, afirmó que las demoras se han vuelto una constante para sus clientes. “Una de las primeras cosas que les digo a las personas en su primera consulta es que los plazos son muy impredecibles”, explicó Rochstein. Añadió que, mientras algunos casos se aprueban en pocos meses, otros pueden tardar entre uno y dos años, a menudo sin éxito en las consultas a las agencias.
Los datos del consejo muestran que la acumulación aumentó en 2 millones de casos adicionales solo en 2025. Este crecimiento siguió a un aumento en las nuevas solicitudes y una disminución en las finalizaciones durante los primeros tres trimestres de la segunda administración Trump. Las solicitudes de Estatus de Protección Temporal vieron un salto del 150% en casos pendientes, pasando de 465,118 a casi 1.2 millones. Además, las peticiones pendientes de autorización de empleo para quienes solicitan la tarjeta de residencia se duplicaron en el mismo período.
Las tasas de denegación también han aumentado, subiendo del 8.6% en 2016 al 11.1% en 2025. Jazmin Chavez, profesora adjunta de Estudios Chicanos en la Metropolitan State University de Denver, sostuvo que estas demoras no ocurren al azar y ponen en riesgo a las personas que siguen los procesos legales. “No es casualidad tener toda una clase de personas que ahora van a perder su estatus porque ahora son deportables”, aseveró Chavez.
Chavez atribuyó esta crisis a años de financiación insuficiente y a decisiones políticas tomadas por diversas administraciones, exacerbadas por la pandemia de COVID-19 y los continuos recortes presupuestarios y de personal. El análisis del American Immigration Council indica que el gasto de USCIS bajo la actual administración se ha dirigido en gran medida a la aplicación de la ley en lugar de la infraestructura de procesamiento.
Créditos: American Immigration Council, Ian Rochstein, Jazmin Chavez, Angeline McCall.





