Redacción Frontera Ink.
En un giro inesperado para la política migratoria en la frontera, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alista el cierre de Camp East Montana, la instalación de detención de inmigrantes más grande de Estados Unidos, ubicada en Fort Bliss. Según un informe revelado por The Washington Post, la agencia federal trabaja en la rescisión del contrato de 1,240 millones de dólares con la empresa Acquisition Logistics LLC, encargada de operar este gigante centro de detención en El Paso.
Aunque el documento interno no especifica los motivos ni un cronograma exacto para el cese de operaciones, la noticia llega tras meses de intensas críticas y reportes de condiciones inhumanas. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha mantenido una postura cautelosa, señalando que se encuentran evaluando si la instalación cumple con los estándares requeridos y que aún no se han tomado decisiones definitivas sobre la extensión o terminación del contrato.
Un historial de controversias y abusos La posible clausura de Camp East Montana es vista por muchos como el cierre de un “capítulo oscuro” en la región. La congresista por El Paso, Veronica Escobar, calificó la instalación como el epítome del fraude y la explotación del sufrimiento humano, señalando que los fondos millonarios pudieron utilizarse en salud o programas de nutrición en lugar de beneficiar a corporaciones privadas.
El centro ha estado bajo el ojo del huracán debido a múltiples incidentes:
- Crisis de salud: Reportes recientes de un brote de sarampión que puso al centro bajo cuarentena.
- Tragedias internas: La muerte documentada de tres detenidos dentro de las instalaciones.
- Opacidad legal: Denuncias de abogados y periodistas a quienes se les prohibió el acceso para ver a sus clientes o documentar las condiciones de vida.
- Condiciones inhumanas: Reportes constantes de falta de higiene y trato degradante hacia los migrantes en custodia.
Incertidumbre por el destino de los detenidos A pesar de la satisfacción inicial de grupos activistas como el Las Americas Immigrant Advocacy Center, el reporte genera nuevas interrogantes sobre el futuro de cientos de personas actualmente recluidas en el sitio. Abogados defensores temen que, en lugar de ser liberados, los migrantes sean transferidos a otros centros de detención, lo que dificultaría su localización y el seguimiento de sus procesos legales.
Mientras la comunidad juarense y paseña permanece vigilante, las autoridades locales han instado a la administración Trump a rendir cuentas por lo que consideran un desperdicio de dinero de los contribuyentes y una política de deshumanización que ha utilizado a El Paso como “zona cero” de sus experimentos de control fronterizo.
Créditos: Información basada en el reporte de David Ibave para KFOX14/CBS4 y datos de The Washington Post.
