Redacción Frontera Ink.
Funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) han indicado que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, ex alcalde de Culiacán, pueden ser citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal. Ambos funcionarios ya no gozan de fuero, lo que permite su citación en relación con las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia y ministro en retiro, aclaró previamente en su cuenta de X que el fuero constitucional protege la función, no a la persona. Explicó que quien obtiene una licencia deja de ejercer la función y, por lo tanto, puede ser procesado como cualquier ciudadano, al no contar con inmunidad procesal.
La FGR inició su propia investigación después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibiera formalmente el jueves la solicitud de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. Dicha solicitud busca la detención de diez ciudadanos mexicanos, incluyendo a Rocha Moya, Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza, por delitos imputados en Estados Unidos relacionados con supuestos vínculos con la facción del cártel de Sinaloa encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”.
Funcionarios federales explicaron a La Jornada que existen vacíos legales en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos que impiden procesar penalmente a funcionarios con fuero, señalando al senador Enrique Inzunza como el único caso que aún se ciñe a esta circunstancia. Por su parte, litigantes como Marco del Toro Carazo han señalado en redes sociales que el tratado no exige que el país requirente presente pruebas para una solicitud de detención provisional, sino solo la descripción del delito y el paradero del reclamado.
Esta situación marca un precedente, ya que es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos solicita la detención de funcionarios mientras aún gozan de fuero. En casos anteriores, como los de los ex gobernadores Mario Villanueva de Quintana Roo, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas, las solicitudes de extradición por vínculos con el narcotráfico se realizaron después de que hubieran concluido sus mandatos y perdido su protección constitucional.
Créditos: Información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), Arturo Zaldívar (en su cuenta de X), funcionarios federales (vía La Jornada) y Marco del Toro Carazo (en redes sociales).
